La principal razón es evitar sanciones, que son muy elevadas económicamente (de 900 € a 600.000 €), pero se pueden enumerar también todas las siguientes:

 

Controlar el correcto cumplimiento de la normativa de protección de datos de los empleados que acceden a datos personales y a información confidencial en la empresa.

 

Aumentar la seguridad informática de la empresa.

 

Buena imagen ante clientes y personal.

 

Adaptarse a las exigencias requeridas para poder obtener la certificación ISO/IEC 27001 –Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información-.


Debemos destacar, respecto a lo anterior, tres aspectos esenciales:

 

la mayor sensibilización de los particulares cuyos datos se manejan, de hecho, la reciente jurisprudencia muestra casos resueltos a su favor confirmando las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos a las empresas.

 

la Agencia Española de Protección de Datos publica los expedientes sancionadores en su página web www.agpd.es.

 

la Agencia Española de Protección de Datos se autofinancia con las multas que impone.